Es una de esas frases hechas que el presidente López Obrador repite todo el tiempo. En su discurso inaugural ante el Congreso del 1 de diciembre de 2018 la dijo de esta manera: "No es mi fuerte la venganza, y si bien no olvido, soy partidario del perdón". El 26 de octubre de 2021, al referirse al caso que mantiene en la cárcel a Rosario Robles, expresó: "No tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz, y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia". La frase parece un espejo involuntario de la que expresaba el enemigo en el "Episodio." de Borges: "No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia".
La verdad, sin embargo, es que el presidente López Obrador ha demostrado una fuerte proclividad a la venganza y al rencor. El caso de Robles, su aliada política en un momento, bastaría para comprobarlo; si bien es correcto que la exsecretaria sea procesada por los desvíos de la Estafa Maestra, se le mantiene en la cárcel por una acusación de "omisión" en sus responsabilidades que no amerita prisión preventiva. Otras acusaciones penales del régimen muestran también tintes revanchistas, como las que se han promovido contra el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. La decisión ahora de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente morenista de la Cámara de Diputados, de presentar denuncias penales contra los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron por un acuerdo para posponer algunas tareas en el proceso de la consulta de revocación de mandato, y también contra el secretario ejecutivo de la institución, revela un profundo y malsano ánimo revanchista.
Las denuncias de Gutiérrez Luna contra los consejeros son por abuso de autoridad, coalición de servicios públicos y otros delitos. El morenista afirma que incumplieron los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que demandan sus cargos. La sanción podría llegar a siete años de cárcel.
La consulta de revocación de mandato es un capricho del presidente. No hay un movimiento popular que busque su destitución. Su popularidad es muy elevada. La revocación generaría, por otra parte, una innecesaria inestabilidad política al país y le daría la presidencia provisional de la república al propio Gutiérrez Luna, el político que ha presentado las denuncias penales contra los funcionarios del INE. El presidente sustituto que nombre el Congreso no contaría, por supuesto, con la legitimidad democrática de López Obrador.
El ejercicio es innecesario y perverso. Ya sabemos que no procederá la revocación por la popularidad del presidente y el control de Morena de las organizaciones masivas. El proceso resultará así en un simple desperdicio de recursos y trabajo.
Además de la promoción personal del presidente, el único propósito de la consulta es castigar al INE por supuestas faltas cometidas desde la elección de 2006. Es una simple venganza. Por eso el Congreso dominado por Morena le ha ordenado al INE organizar el proceso al tiempo que le niega los recursos para realizarlo.
En un verdadero estado de derecho las acusaciones penales contra los consejeros y el secretario ejecutivo del INE serían descartadas en automático. Pero en México la fiscalía es sumisa ante el Ejecutivo y un buen número de jueces están dispuestos a quedar bien con el régimen encarcelando a los rivales políticos del mandatario antes de juzgarlos. El presidente López Obrador, por otra parte, ya no puede insistir que no es su fuerte la venganza.
FIDEICOMISOS
¿Se acuerda usted cuando AMLO se quejaba de los fideicomisos públicos al grado que ordenó su desaparición por opacos y corruptos? Pues ahora ha decretado la creación de "fideicomisos públicos sin estructura" para las empresas de los militares. Nadie podrá acusarlo de ser coherente.
Twitter: @SergioSarmiento